Una investigación por presunta ciberestafa y lavado de dinero digital, denominada “Operación Ícaro”, se inició luego de que una empresa detectara un faltante millonario en sus sistemas financieros y presentara la denuncia ante las autoridades.
El origen del caso
Según información preliminar, la compañía afectada identificó una pérdida significativa en sus cuentas, lo que motivó una auditoría interna de sus sistemas y movimientos financieros. Tras confirmar el faltante, realizó la denuncia formal, dando inicio a una investigación policial y fiscal.
A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir la trazabilidad de las operaciones digitales, detectando patrones inusuales en transacciones y accesos al sistema.
Hipótesis de la investigación
De acuerdo con los primeros indicios, el esquema habría comenzado con una intrusión en el sistema de la empresa. Entre las posibles vías de acceso se mencionan el uso de credenciales débiles, ataques automatizados o técnicas de ingeniería social.
Uno de los elementos clave del caso es que el atacante habría realizado inicialmente una operación de bajo monto a modo de prueba, lo que permitió identificar posteriormente la vulnerabilidad explotada.
Organización del esquema
La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el presunto cerebro de la maniobra y principal sospechoso sería Alex Silva Junior, un joven recientemente egresado de un colegio técnico con orientación informática.
Según la investigación, habría reclutado inicialmente a excompañeros de estudio, conformando un primer núcleo operativo. Posteriormente, la red se habría ampliado con la incorporación de familiares, amigos y conocidos, quienes habrían facilitado sus cuentas bancarias.
Estas personas habrían actuado como “mulas financieras”, prestando o alquilando sus cuentas para recibir y transferir dinero a cambio de comisiones de entre el 3% y el 5%. Este mecanismo habría permitido el uso de miles de cuentas, dificultando el rastreo de los fondos.
Montos y maniobras
Las autoridades investigan movimientos por aproximadamente 9.000 millones de guaraníes (unos 1,5 millones de dólares) en un período cercano a un mes, utilizando alrededor de 1.790 cuentas bancarias.
Posteriormente, el dinero habría sido convertido en activos digitales, principalmente criptomonedas, con el objetivo de ocultar su origen.
Avances y líneas de investigación
El caso se originó tras la denuncia de la empresa, que también detectó un incremento patrimonial llamativo en uno de los sospechosos, reflejado en cambios en su estilo de vida, como la compra de un vehículo y una mudanza.
La fiscal interviniente, Irma Llano, señaló que el principal implicado contaría con conocimientos técnicos avanzados y que “podía haber detectado la vulnerabilidad y ofrecer una solución, pero eligió cometer un delito”.
Por su parte, el comisario de cibercrimen, Diosnel Alarcón, explicó que este tipo de delitos suele involucrar una combinación de ataques automatizados, ingeniería social y uso de datos filtrados o contraseñas débiles, además del intercambio de información en foros y plataformas de mensajería.
Estado actual
La causa continúa en etapa investigativa. Las autoridades analizan evidencia digital, la trazabilidad de las transacciones y los vínculos entre los distintos implicados. Hasta el momento, no se han dictado condenas judiciales.
