El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó recientemente un decreto que ha generado atención y debate en el país y en la prensa internacional. La norma amplía el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna, especialmente en la Región Oriental, y ha sido interpretada por algunos sectores como una forma de “militarización” del país.
¿Qué establece el decreto?
El Decreto N° 5524, publicado el 24 de febrero de 2026, autoriza a las Fuerzas Armadas a emplear elementos de combate en operaciones de defensa interna. Esto incluye la posibilidad de actuar en ríos nacionales y fronterizos, así como en zonas donde se presume la presencia de grupos armados organizados, narcotraficantes o con entrenamiento paramilitar. La medida busca garantizar la seguridad interna y proteger los derechos de los ciudadanos ante amenazas que, según el gobierno, exceden las capacidades de la Policía Nacional.
El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) queda a cargo de coordinar estas acciones, con la colaboración de todas las instituciones del Estado que sean necesarias para su ejecución. El decreto se fundamenta en la Ley N.º 1337/1999 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que permite el uso de fuerzas militares en situaciones de riesgo para la seguridad pública.
Lo que dice el gobierno
El ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que el decreto no constituye una militarización del país, sino un mecanismo legal y transitorio para enfrentar amenazas específicas. Según González:
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La medida no habilita patrullajes militares rutinarios ni reemplaza a la Policía.
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La actuación militar se limita a situaciones con presencia de armas de guerra o entrenamiento paramilitar.
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Todas las operaciones estarán coordinadas con autoridades civiles y bajo supervisión judicial cuando sea necesario.
El gobierno insiste en que la norma busca reforzar la seguridad interna sin alterar el orden democrático ni la convivencia ciudadana.
Lo que dicen los críticos
Sectores opositores y algunos analistas sostienen que la medida podría ampliar indebidamente las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, un tema sensible en la historia de Paraguay y otros países de la región. Señalan que, aunque la intención declarada sea enfrentar al crimen organizado, el uso de militares en seguridad interna plantea riesgos sobre los límites entre defensa nacional y control de la población.
Por su parte, algunas voces políticas cuestionan que la norma sea reactiva, sin abordar causas estructurales de la inseguridad, como la falta de recursos policiales, inteligencia y programas de prevención.
Lo que se sabe hasta ahora
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El decreto abarca 14 de los 17 departamentos del país, donde vive la mayor parte de la población.
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Está enfocado en combatir a grupos armados como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otras organizaciones criminales.
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La medida se enmarca dentro de leyes vigentes y no busca reemplazar a la Policía, sino complementar su acción en escenarios donde se requiere fuerza militar.
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Ha generado un debate público sobre la seguridad, los límites legales y la percepción de militarización en Paraguay.
En conclusión, el decreto de Peña representa un refuerzo legal y operativo de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas específicas, mientras que persiste la discusión sobre sus implicancias políticas y sociales. La medida combina un objetivo declarado de seguridad interna con la necesidad de mantener el control civil y constitucional sobre la actuación militar.
