A pocas horas de la entrada en vigencia del llamado “decreto Peña”, el Ejecutivo ordenó un amplio despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) junto con elementos de las Fuerzas Armadas en la Región Oriental del país. La medida genera controversia y cuestionamientos sobre una posible militarización interna.
El Decreto Nº 5.554, firmado por el presidente Santiago Peña, autoriza a la FTC a extender sus operaciones en territorio civil, incluyendo ríos nacionales y fronterizos, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad y la soberanía nacional ante amenazas de grupos armados y crimen organizado transnacional.
Durante una reunión en el Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en Concepción, Peña junto con el ministro de Defensa, Óscar González, y el ministro del Interior, Enrique Riera, coordinaron la estrategia de despliegue. La Policía Nacional trabajará de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, en operaciones que incluyen inteligencia, patrullaje y acciones de neutralización de estructuras criminales.
Si bien las autoridades sostienen que esta medida no constituye una militarización, sino una respuesta a la creciente presencia de grupos armados en zonas poco vigiladas, sectores de la sociedad y analistas políticos advierten que la entrada en vigor del decreto podría marcar un punto de inflexión en la presencia militar dentro de áreas civiles, especialmente en los 14 departamentos que conforman la Región Oriental, donde reside casi el 97 % de la población.
La medida será observada de cerca en los próximos días, ya que combina operaciones policiales y militares con alcance territorial masivo, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad interna y derechos civiles en Paraguay.
