Por José María Quevedo
La oposición paraguaya parece haber caído en una trampa que ella misma construyó: convertir la política en un espectáculo que se repite y aburre. Incapaz de proponer cambios concretos que mejoren la vida de la gente, se desplaza hacia la excitación del conflicto, hacia la confrontación como fin en sí mismo. Y en ese escenario, el llamado “caso Rivas” se vuelve el ejemplo más claro de esa torpeza.
El senador Hernán Rivas pasó a ocupar el centro del debate público, no por una agenda legislativa relevante, sino por la polémica en torno a su título académico. Durante semanas, la oposición —con figuras como Rafael Filizzola, Ignacio Iramain y Celeste Amarilla— impulsó denuncias, pedidos de suspensión y una narrativa de escándalo institucional.
Pero el problema no es el control ni la fiscalización —funciones legítimas— sino la desproporción. ¿De verdad el “caso Rivas” debía monopolizar el debate político durante un mes? ¿No era más razonable tomarlo como disparador para una discusión más amplia sobre la calidad institucional, los mecanismos de validación de títulos o la transparencia en la función pública?
En lugar de eso, el debate quedó reducido a una lógica binaria y estéril: “¿lo echamos o no lo echamos?”. Una discusión pobre, sin profundidad, sin perspectiva de gestión. Se abandonó la posibilidad de transformar un hecho puntual en una agenda estructural, y se optó por la pelea corta, por el titular fácil, por el desgaste.
Así, la política se vuelve entretenimiento. Un espectáculo que solo interesa a quienes participan en él. Porque, seamos claros: para la mayoría de la ciudadanía, el caso Rivas no cambia su realidad cotidiana. No mejora el empleo, no incide en la seguridad, no resuelve problemas de salud o educación. Es, en el mejor de los casos, una anécdota en la historia política del Paraguay.
Torpeza y contraste
Mientras tanto, el oficialismo —articulado en torno a figuras como Horacio Cartes y con decisiones estratégicas como la consolidación de Pedro Alliana— avanza con una lógica completamente distinta: ordena su interna, define candidaturas y proyecta poder. Incluso en medio de cuestionamientos, logra cerrar filas y resolver disputas con rapidez.
La oposición, en cambio, parece pensar más en la oferta electoral —sus candidatos, sus nombres, sus internas— que en la demanda electoral: qué quiere la gente, qué problemas espera que se resuelvan, qué proyecto puede entusiasmarla.
Ahí radica la torpeza. No en investigar o denunciar, sino en confundir prioridades. En creer que la acumulación de conflictos reemplaza a la construcción de una alternativa. En suponer que el desgaste del adversario es suficiente, aun cuando no se ofrece nada superador.
La institucionalidad no se fortalece simplemente echando a un senador. Se fortalece cuando las instituciones responden a las demandas reales de la sociedad. Y en ese plano, el “caso Rivas” ha sido, más que un avance, un desvío.
Un distractor eficaz, sí. Pero un distractor al fin. Y mientras la oposición se consume en esa lógica, el poder sigue su curso.
