Experta del gobierno estadounidense pone foco en Superintendencia, señala complicidad judicial y fiscal con Arámbulo y nexos con el Clan González Daher
La Justicia desestimó la causa por violencia familiar contra Nicolás Eduardo Caram Morás, después de que el Ministerio Público concluyera que no existían hechos punibles. La decisión se suma al rechazo de otra denuncia contra la abogada del periodista, quien, acto seguido, querelló a Antonella Arámbulo.
La catedrática Guadalupe Correa-Cabrera, codirectora del Centro de Investigación sobre Corrupción, Redes y Crimen Transnacional de Washington D. C. e investigadora del Wilson Presidential Center, considera que la situación de Arámbulo se complica. Exige desestimar la causa por desacato contra Morás, completar los peritajes pendientes sobre las confesiones de Arámbulo relativas al hurto agravado e investigar las múltiples actuaciones judiciales irregulares denunciadas.
El Juzgado Penal de Garantías N.º 4 de la Capital dictó el Auto Interlocutorio N.º 944, del 13 de octubre de 2026. Dispuso desestimar la causa por violencia familiar y devolver las actuaciones a la Fiscalía para su archivamiento.
La agente fiscal Alejandra Savorgnan había solicitado la desestimación tras las diligencias investigativas y ratificó su postura el 17 de septiembre. La fiscal adjunta Gilda Villalba confirmó ese criterio después del trámite de oposición promovido por el juzgado. Finalmente, el órgano judicial hizo lugar al dictamen fiscal N.º 1219, del 2 de octubre.
Morás es periodista y director de Los Liberales, canal de YouTube con 770 mil suscriptores. Integra la Asociación Internacional de Periodistas Independientes de Madrid y la Society of Journalists de Estados Unidos. A pesar de todo, continúa siendo un entusiasta promotor de la inversión extranjera en Paraguay.
En las declaraciones transmitidas para esta publicación, Correa-Cabrera sostiene que la resolución agrava considerablemente la situación de Camila Antonella Arámbulo Garibaldi. Reclama investigar el supuesto uso de denuncias para restringir la actividad periodística y el ejercicio de la defensa.
La denuncia contra la abogada de Morás también fue desestimada
El resultado tiene un antecedente relevante. Arámbulo presentó una curiosa denuncia por violencia doméstica contra Noelia Quintana Schäffer, abogada de Morás, y obtuvo inicialmente una restricción.
Según informó Última Hora, el juez de Paz Rogerth Chaparro levantó la medida y desestimó la denuncia por considerar incorrecta la utilización de la Ley 1600. La letrada respondió con una primera querella por denuncia falsa contra Arámbulo, identificada como expediente 1870/2026.
Correa-Cabrera considera que ambos resultados justifican profundizar el examen de las actuaciones promovidas por Arámbulo:
“Ambas desestimaciones constituyen antecedentes evidentes de un intento sistemático de obstrucción a la Justicia por parte de la imputada, que además es abogada y no puede excusarse en el desconocimiento de las leyes que ha utilizado para revictimizar al Sr. Caram”.
Nicolás Morás junto a su abogada Noelia Quintana Schaffer durante entrevista televisiva.
Intolerable mordaza al ejercicio periodístico
La especialista reclama resolver la causa por desacato a cargo del fiscal Silvio Rubén Alegre. El expediente figura como 10.048/25, en la Unidad Penal N.º 1 de Asunción.
Arámbulo promovió la denuncia después de que Morás leyera y comentara en YouTube noticias de medios nacionales e internacionales que dieron cobertura a su escandalosa salida a Europa, pese a la orden de captura dictada en su contra.
Correa-Cabrera ya había reclamado públicamente la desestimación de esa actuación. En los señalamientos transmitidos para esta nota insiste en que debe resolverse sin más demoras, por tratarse de “un uso ilegítimo y abusivo de la ley contra la libertad de expresión consagrada por la Constitución paraguaya”.
Tildan de “bochornosa” la actuación de un juez de Paz
Guadalupe Correa-Cabrera reclama una intervención urgente de la Superintendencia del Poder Judicialante las irregularidades denunciadas en el Juzgado de Paz de Santísima Trinidad, a cargo de Alejandro Delvalle Casola, y en las intervenciones anteriores de las magistradas Elvira Franco, once veces sancionada por la CSJ, y Gloria Machuca.
Entre las irregularidades denunciadas figura la presunta utilización de una resolución que nunca fue notificada a Nicolás Caram Morás para ordenar el traslado de su expediente. Sin esa notificación, sostiene la defensa, el periodista quedó privado de conocer formalmente la decisión y cuestionarla a tiempo.
Según Correa-Cabrera, “la actuación de los Juzgados de Paz es bochornosa”. La especialista señala que, en octubre de 2025, la abogada Noelia Quintana presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia, registrada con el N.º 57502. Transcurrido un año, afirma, no hubo el menor avance investigativo.
“No es la primera vez que los Juzgados de Paz de Asunción operan como una red delictiva”, expresó, situando estos cuestionamientos en el contexto del descrédito del fuero de paz provocado por la llamada Mafia de los Pagarés.
Correa-Cabrera exige determinar si existió una sucesión de decisiones que favoreció indebidamente a Arámbulo. Reclama examinar “conductas individuales y sus consecuencias, con documentación y respuestas claras de quienes intervinieron”.
Las grabaciones de la causa por hurto “duermen” desde febrero
La causa principal por presunto hurto agravado está identificada como 2269/2025. En ella se denuncia la sustracción de USD 8.205 del domicilio del periodista.
Entre los elementos ofrecidos figuran grabaciones que, según las transcripciones notariales, contienen admisiones detalladas del hurto por parte de Arámbulo. La imputada habría utilizado guantes de enfermera para no dejar huellas y habría alegado que la perseguía un usurero. El material aguardaba peritaje del Laboratorio Forense del Ministerio Público desde febrero.
“Ha quedado clara la instrumentación de denuncias falsas contra la víctima del hurto. A ello se suma la inexplicable negligencia con la que se tramitó la denuncia original. Una prueba central son las grabaciones. Las grabaciones requieren un análisis técnico oportuno, y cualquier demora debe justificarse en el expediente. Ya existe un antecedente grave: por la inacción de la fiscal Amelia Bernal, se perdieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del Hotel Le Pelican, donde se habría producido la confesión”, sostuvo Correa-Cabrera.
La agente fiscal Amelia Bernal Jara, señalada por actuación negligente y pérdida de evidencias.
Esquivel, Brítez y Bernal: tres funcionarias en la mira
Correa-Cabrera pide investigar la actuación de la jueza Ana María Esquivel, quien habría facilitado la fuga de Arámbulo a Europa y, a su regreso, le concedió el beneficio de la libertad ambulatoria contra el requerimiento del Ministerio Público.
“El penalista Carlos Alberto Rufinelli realizó la denuncia Nro. 59.835 ante la Superintendencia de la Corte para investigar a la magistrada y a su ujier y si bien me consta que avanzaron diligencias, ya venció el plazo y siguen sin resolver”.
La especialista también exige avances en la denuncia penal por incumplimiento de deberes contra la ujier Evelyn Brítez. La funcionaria alegó que no podía notificar a Arámbulo por falta de expediente físico, a pesar de que el fuero lleva tres años digitalizado. En un informe posterior admitió haber mentido.
Según Correa-Cabrera, la cuestionada fiscal de la causa por hurto, Amelia Bernal Jara, también habría “cajoneado” la causa contra Brítez.
Anteriormente, el exdirector de Naciones Unidas Omar Bula Escobar, actual canciller de Colombia, se pronunció en la misma dirección durante una entrevista concedida a Última Hora.
Los vínculos con el clan González Daher y la actuación de Florentín
Ricardo Estigarribia Chávez, abogado de Arámbulo, también ha ejercido la defensa del exsenador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero.
Guadalupe Correa-Cabrera señala, además, una vinculación profesional del letrado con el clan González Daher: representa a Delcy Karjallo, esposa de Ramón González Daher. Afirma que tanto Estigarribia Chávez como el juez Raúl Florentín mantienen parentescos con esa familia, en sintonía con lo expuesto en un video en el que el abogado Federico Campos López Moreira denuncia irregularidades en la mesa de entrada del juzgado de Florentín.
El medio argentino RealPolitik vinculó a Antonella Arámbulo y a su amiga Magalí Rotela con un círculo cercano que, según esa publicación, visitaba en prisión a Ramón González Daher, condenado por usura y lavado de dinero.
Correa-Cabrera reclama investigar si los vínculos denunciados generaron conflictos de interés o influyeron en el expediente. Cuestiona especialmente la oposición judicial inicial al pedido de desestimación de la causa contra el periodista.
La resolución documenta que la fiscal Alejandra Savorgnan solicitó la desestimación y ratificó su postura. La fiscal adjunta Gilda Villalba confirmó ese criterio después del trámite de oposición. Agotado el procedimiento, el juzgado desestimó la causa.
Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Universidad George Mason y codirectora del Centro de Investigación sobre Corrupción, Redes y Crimen Transnacional —CONTRA—, de Washington D. C.
El Wilson Center documenta su trayectoria como fellow y global fellow. Trabaja estrechamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es autora del best seller Los Zetas Inc. y especialista en crimen organizado, fronteras y seguridad internacional.
Anteriormente ha destacado los progresos de Paraguay en la lucha contra el crimen organizado y su abordaje de la política de drogas, en comparación con otros actores de la región, como Argentina y Brasil.
El Presidente Santiago Peña posa sonriente con el Subsecretario de Estado de EEUU Cristopher Landau.
Landau, Peña y la seguridad jurídica
Los reclamos coinciden con una etapa de estrecha cooperación entre Paraguay y Estados Unidos. El 19 de octubre, Christopher Landau y Rubén Ramírez Lezcano firmaron acuerdos de seguridad aérea y fronteriza. La agenda anunciada de Santiago Peña en Washington incluye encuentros con empresarios y autoridades estadounidenses.
Para Correa-Cabrera, el esfuerzo paraguayo por fortalecer su imagen de seguridad jurídica exige respuestas frente a la probada arbitrariedad judicial, que vulnera los cimientos del Estado de derecho.
El alcance de las posibles penas por denuncia falsa
Recientemente, el Congreso sancionó una reforma del artículo 289, que contempla hasta seis años de prisión en determinados supuestos de denuncia falsa, y remitió el proyecto al Ejecutivo.
Arámbulo ya enfrenta una pena posible de hasta diez años por hurto agravado, en caso de condena.
