Por José Maria Quevedo
El sistema judicial paraguayo suele describirse como un modelo mixto que combina criterios de mérito con decisiones institucionales distribuidas entre distintos órganos. En apariencia, la separación entre selección técnica —a cargo del Consejo de la Magistratura— y nombramiento político o corporativo —en manos del Senado, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema— permitiría equilibrar idoneidad e institucionalidad. Sin embargo, esta arquitectura no solo no logra despolitizar la justicia, sino que hace que dicha despolitización sea estructuralmente inviable.
El problema no radica en desviaciones prácticas o en fallas coyunturales, sino en el propio diseño del sistema. Desde su punto de partida, el Consejo de la Magistratura, encargado de organizar concursos y elaborar ternas, no es un órgano puramente técnico. Su integración pretende reflejar un equilibrio entre actores políticos, judiciales y profesionales que introduce, desde el inicio, una lógica de negociación. La selección, por tanto, nunca es completamente neutral: es el primer espacio donde opera una forma de logia corporativa político-institucional, en la que el mérito convive con acuerdos y equilibrios de poder. Cuando existe la hegemonía de un grupo político particular, esta hegemonía se traslada directamente al Poder Judicial, otorgándole a dicho grupo un control predominante sobre la selección de magistrados y, por extensión, sobre la orientación del sistema judicial.
Elegidos por el Senado y nombrados por el presidente
Esta impronta se intensifica en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, el nivel más alto del sistema. Allí, el Consejo solo propone, mientras que la decisión real recae en el Senado, con la intervención final del Poder Ejecutivo. Este mecanismo asegura que la cúspide del Poder Judicial esté atravesada por una legitimación política directa. En consecuencia, la Corte no emerge como un órgano independiente en su origen, sino como el resultado de una transacción política institucionalizada. La despolitización, en este punto, no es simplemente difícil: es incompatible con el modo en que se constituye la autoridad judicial suprema.
Pero el diseño no se limita a introducir política en la cúspide; también construye una lógica de reproducción interna en los niveles inferiores. La Corte Suprema, una vez conformada, concentra el poder de nombrar jueces y fiscales (salvo el Fiscal General), así como funciones disciplinarias y de superintendencia. Esto genera una estructura de carrera en la que el ingreso, la permanencia y el ascenso dependen de la propia corporación judicial. Se configura así una segunda dimensión de la logia: la corporación judicial, con capacidad de autorregularse y reproducirse.
Lo decisivo es que ambas dimensiones no operan de manera separada, sino articulada. La Corte, integrada a partir de decisiones políticas, proyecta esa lógica hacia abajo al controlar los nombramientos de jueces y fiscales. A su vez, estos actores, insertos en una carrera dependiente, tienden a alinearse con los criterios —formales e informales— de la estructura que los designa y evalúa. La política, entonces, no solo interviene en el origen del sistema, sino que se internaliza en su funcionamiento cotidiano a través de la corporación judicial.
El esquema de mandatos temporales para los jueces, con períodos de cinco años y necesidad de confirmación, refuerza aún más esta dependencia. Lejos de consolidar estabilidad, introduce un incentivo adicional de adaptación a los centros de poder, tanto políticos como corporativos. La continuidad en la carrera no depende exclusivamente del desempeño técnico, sino también de la inserción en estas redes de validación.
Un discurso “políticamente correcto” de aplicación imposible
En este contexto, la idea de despolitizar la justicia aparece como un objetivo normativo que choca contra las condiciones estructurales del sistema. No se trata simplemente de mejorar procedimientos, aumentar la transparencia o fortalecer criterios de mérito. Mientras el diseño mantenga la combinación actual —selección corporativo-política en el Consejo, decisión política en la Corte Suprema y control corporativo en los niveles inferiores—, la politización no será una anomalía, sino una consecuencia lógica.
La noción de logia corporativa político-judicial permite comprender esta dinámica en su conjunto. No alude únicamente a influencias indebidas o prácticas informales, sino a un entramado institucional en el que distintos actores —políticos y judiciales— participan en la producción y reproducción del poder. La política necesita del sistema judicial para consolidar decisiones y otorgar legitimidad; la corporación judicial necesita de la política para definir su cúpula y sostener su autoridad.
Por ello, la despolitización no es simplemente improbable: es inviable dentro de este diseño. El sistema no falla en alcanzar ese objetivo; más bien, nunca estuvo estructurado para lograrlo. Cualquier intento de reforma que no altere esta distribución del poder de nombramiento y control se limitará a intervenir en la superficie, dejando intacta la lógica profunda que articula política y corporación.
En definitiva, la justicia paraguaya no puede pensarse como un ámbito separado de la política, sino como un espacio donde esta se reorganiza y se proyecta institucionalmente. La frontera entre independencia y dependencia no está difusa por accidente: está diseñada así.
