Por José Maria Quevedo
El economista y analista financiero Amílcar Ferreira advierte sobre los riesgos de que la disputa política en el Congreso termine trasladándose al sistema financiero. Considera legítimo que el Senado solicite informes al Banco Central del Paraguay (BCP), pero sostiene que la sucesión de pedidos, las acusaciones cruzadas y la exposición pública de información técnica pueden afectar la confianza de los ahorristas.
Para Ferreira, detrás de esta ofensiva existe además una disputa política dentro del oficialismo, que podría tener consecuencias más allá del sistema financiero.
—¿Qué está pasando realmente en el sistema financiero paraguayo para que el Senado haya iniciado esta ofensiva de pedidos de informes al BCP sobre fusiones, absorciones y la situación de bancos como Sudameris y Ueno?
Esta semana vimos una verdadera guerra en el Senado paraguayo, donde diferentes grupos de legisladores presentaron al pleno pedidos de informes sobre distintos bancos.
Todo comenzó con un pedido de la bancada cartista, que hoy constituye el principal soporte político del Gobierno, sobre el banco Ueno, que fortaleció su presencia en el sistema financiero en paralelo a la llegada del actual Gobierno, entre otras cosas con depósitos públicos.
Se lo señala como un banco cercano al poder porque el actual presidente de la República había sido accionista del holding propietario del banco.
Fue muy llamativo que la propia facción del Partido Colorado que constituye el principal soporte del presidente haya presentado un pedido de informes con alrededor de 30 preguntas muy específicas.
Por las características de las preguntas, se nota un conocimiento muy profundo de la situación y de informes internos de la Superintendencia de Bancos. Es casi una bomba atómica que le tiraron a ese banco.
En paralelo surgió otro grupo de legisladores que pidió informes sobre otras entidades, aparentemente como una manera de contraatacar.
Se dio una guerra muy peligrosa. Sabemos que los sistemas financieros son extremadamente sensibles: funcionan sobre la base de la confianza del público.
Que estalle una guerra entre diferentes facciones políticas en el Congreso, con pedidos de informes sobre bancos y acusaciones cruzadas, genera preocupación entre los ahorristas.
—¿Estos pedidos son simplemente un ejercicio legítimo de control parlamentario o pueden interpretarse como una señal de que existe algún problema o preocupación real dentro del sistema financiero?
Son un ejercicio legítimo de control parlamentario. Pero, haciendo una lectura más amplia, esto también constituye una guerra política.
El pedido surge del riñón del expresidente Horacio Cartes, principal soporte político del Gobierno, y denota cierta fractura dentro del oficialismo.
Es un ataque muy preciso por las características del pedido de informes. Incluso se menciona a una persona que fue jefe de supervisión de la Superintendencia y un informe que esa persona presentó. Es tan específico que denota que existe información y una disputa interna dentro del oficialismo.
El pedido fue realizado por legisladores cercanos a Horacio Cartes y, el mismo día en que se presentó, el expresidente realizó una reunión en su casa y se tomó una fotografía con los firmantes, dando una señal de respaldo a esos legisladores.
También hay una preocupación real dentro del sistema financiero. Hubo una reunión reservada de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) con el presidente de la República, en la que participaron altos directivos de los bancos del sistema.
—¿Qué riesgos genera que el Congreso empiece a poner bajo discusión pública la situación de bancos y operaciones que normalmente son evaluadas por el BCP con criterios técnicos?
La situación se ha salido un poco de control.
El Congreso tiene la potestad de pedir informes, pero los sistemas financieros son muy delicados. Funcionan en base a la confianza del público y el capital es cobarde: se asusta fácilmente.
Hay que manejar estas situaciones con prudencia y sigilo, no armar un espectáculo como el que vimos en el Congreso, con acusaciones cruzadas y dando la impresión de que cada grupo está haciendo lobby por determinados bancos. Fue muy grosero.
Hay preocupación por lo que esta guerra puede generar.
Ya existen antecedentes. Recordemos la guerra mediática que se produjo durante la batalla judicial entre el Grupo Zuccolillo (Banco Atlas) y el Grupo Vázquez (Ueno) que se reflejó en los medios de comunicación vinculados a cada grupo, alrededor de la propiedad de un software.
Si esto se va generalizando y deriva en un “todos contra todos” en el Congreso, puede generar dudas en los ahorristas.
Una persona podría pensar preventivamente que existe un problema y decidir retirar su dinero o llevarlo al exterior, incluso en un momento en que la economía paraguaya está atravesando un buen momento financiero, con crecimiento, dinamismo en la agricultura y en el sector inmobiliario.
Esta guerra mediática y ahora política viene a enturbiar el ambiente.
—¿Hasta qué punto una disputa política puede afectar la confianza de los depositantes, generar rumores o incluso provocar movimientos de depósitos, aunque las entidades involucradas sean solventes?
Ya existe preocupación entre algunos depositantes, que están haciendo consultas con sus asesores financieros.
Por ahora no hay consecuencias concretas, pero si esto continúa podría llevar a medidas preocupantes por parte de los ahorristas.
Es una guerra peligrosa. Están jugando con fuego y esto no le hace bien al país.
Primero tuvimos una guerra mediática y ahora tenemos una guerra política en el Congreso. Y esto refleja una fractura dentro del grupo político que sostiene al Gobierno.
Eso podría significar una pérdida de sustentación política cuando todavía falta medio mandato presidencial.
—¿Cuál sería el escenario más peligroso para Paraguay: que exista un problema puntual en alguna entidad o que esta ofensiva política termine afectando la confianza en todo el sistema financiero y en el propio BCP?
Se abren varios escenarios.
Ahora el BCP debe responder estas preguntas y esta pelea política podría volverse más virulenta, llevando al debate público temas técnicos que normalmente son del ámbito de control de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central.
Son temas que se tratan con prudencia y no deberían convertirse en materia de un debate político público.
Lo preocupante es que esta iniciativa surgió desde el corazón del oficialismo y terminó convirtiéndose en un debate político.
Si las respuestas del BCP son utilizadas como herramientas de ataque político, podrían terminar afectando al sistema financiero y también a la credibilidad del regulador.
Los pedidos de informes pueden generar la percepción de que existe una debilidad del regulador o de que el BCP no tuvo la firmeza suficiente para hacer su trabajo.
Por eso, el riesgo no alcanza solamente a los bancos y al sistema financiero. También está en juego la credibilidad del regulador.
El Congreso no es necesariamente el ámbito adecuado para debatir públicamente estos temas técnicos, y menos todavía en un escenario marcado por las elecciones municipales y por el reordenamiento político de cara a las presidenciales de 2028.
Entre el miedo y la duda
Fuentes consultadas por EGO admiten que no son pocos los inversores y ahorristas que, ante la creciente disputa política en torno al sistema financiero, ya consultaron con sus asesores sobre la posibilidad de retirar parte de sus fondos o proteger su patrimonio trasladando sus depósitos al exterior.
Por ahora, se trata de consultas y decisiones preventivas, no necesariamente de retiros masivos. Pero el dato revela el principal riesgo de una disputa que comenzó en el terreno político: que la incertidumbre termine trasladándose a quienes sostienen el sistema financiero con su confianza.
