Almir de Brum, de 32 años, fue secuestrado hace aproximadamente 20 días en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Desde el hecho, la familia declara no haber recibido comunicación de los captores y exige una prueba de vida inmediata para confirmar que permanece con vida.
La esposa, Dolly Rocío Giménez, junto a los padres de De Brum, ofrecieron una conferencia de prensa donde reclamaron “un audio breve” o cualquier señal mínima que pruebe la integridad del secuestrado. La angustia familiar se mezcla con la incertidumbre por la falta de información pública y la ausencia de avances comunicados de forma transparente.
Medios y la propia familia atribuyen el plagio al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización que ha sido señalada en secuestros previos en la región. Hasta ahora no se han difundido pruebas que confirmen la autoría de manera oficial ni mensajes de los presuntos captores dirigidos a la familia o al Estado.
El gobierno afirmó que tiene “novedades” sobre el caso, pero no ha dado a conocer detalles concretos ni un plan operativo claro que informe sobre acciones en curso o resultados. Esa falta de comunicación ha profundizado la percepción de inacción y ha generado críticas de los familiares y de sectores de la sociedad que piden mayor transparencia y celeridad.
Organismos de seguridad locales y fuerzas estatales no han reportado públicamente un avance decisivo ni la ubicación de los responsables. La investigación y las posibles negociaciones, si las hubiera, se mantienen en un nivel de reserva que no satisface a la familia ni a observadores externos.
La situación sigue siendo dinámica. La familia insiste en la necesidad de una prueba de vida y en respuestas claras del gobierno; mientras tanto, la comunidad local y medios nacionales permanecen atentos a cualquier novedad que confirme el estado de Almir de Brum o revele pasos concretos por parte de las autoridades.
