Cuando Moria Casán fue enviada a prisión en Paraguay en 2015, el caso generó una enorme repercusión pública y abrió un fuerte debate sobre la actuación judicial. Para muchos, aquella decisión pareció estar atravesada más por la exposición mediática que por la necesidad de garantizar plenamente los derechos de la persona sometida al proceso.
La medida fue adoptada por la jueza Dina Marchuk Santacruz, en el marco de la causa relacionada con la denuncia por unas joyas que, según la acusación, no habían sido restituidas. La defensa de la actriz, encabezada por la abogada Miriam Areco, cuestionó en aquel momento la decisión y puso el foco en la proporcionalidad de la medida aplicada.
Años después, el nombre de la magistrada vuelve a estar en el centro del debate tras publicaciones que señalan su vínculo académico con la Universidad Sudamericana, institución que fue objeto de cuestionamientos e investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la emisión de títulos.
La situación generó nuevas preguntas en la opinión pública. No porque la existencia de un título de esa institución implique automáticamente una irregularidad personal, sino porque vuelve a instalar una discusión más amplia sobre la confianza en quienes ejercen funciones judiciales.
En palabras de la Dra Miriam Areco, representante legal de la vedette, conductora y actriz::
“Cuando Moria Casán fue enviada a prisión en Paraguay, muchos sentimos que la justicia actuó más para el espectáculo que para garantizar el derecho.
Hoy, la jueza que tomó aquella decisión enfrenta cuestionamientos sobre la validez de su propio título universitario. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿con qué autoridad se decide sobre la libertad de otros cuando existen dudas sobre las propias credenciales?”
La reflexión apunta al núcleo del problema: la Justicia no solo debe aplicar normas, también debe sostener una legitimidad basada en la transparencia, la ética y la responsabilidad.
Porque cuando la confianza en los jueces se debilita, cada resolución —incluso una jurídicamente válida— queda expuesta al cuestionamiento social. La autoridad de la Justicia no depende únicamente del poder de decidir, sino de la credibilidad de quienes toman esas decisiones.
El caso Moria Casán, que en su momento fue símbolo de una controversia mediática, hoy vuelve a ser recordado como parte de una discusión más profunda: la necesidad de que quienes juzgan también sean evaluados bajo los mismos estándares de integridad y transparencia que la sociedad exige.
