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Ciudades privadas: territorios con leyes propias y fuera del control del Estado

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Millonarios, empresarios tecnológicos e inversores impulsan en América Latina proyectos de ciudades privadas que buscan establecer sus propias reglas, sistemas tributarios y estructuras de gobierno. Honduras, Venezuela, Nicaragua, Uruguay y Argentina aparecen en el mapa de un experimento que desafía la soberanía estatal y plantea un interrogante: ¿puede una empresa construir su propio territorio y gobernarlo al margen de las instituciones democráticas?

 

¿Y si los millonarios dejaran de intentar influir sobre los gobiernos y comenzaran a construir sus propios territorios, con leyes, impuestos y autoridades diferentes a las del resto del país?

 

La idea ya no pertenece exclusivamente a la ciencia ficción. En América Latina avanzan distintas iniciativas que buscan crear enclaves privados donde empresarios, inversores y compañías tecnológicas puedan desarrollar sus actividades bajo condiciones especiales, con menos regulaciones y mayores niveles de autonomía respecto de los Estados nacionales.

 

No se trata simplemente de barrios exclusivos o urbanizaciones de lujo. Algunos de estos proyectos aspiran a desarrollar sistemas propios de administración, justicia, regulación económica y participación política. Otros buscan establecer comunidades privadas con capacidad para gestionar servicios esenciales y tomar decisiones sin depender de las estructuras tradicionales del Estado.

 

La tendencia fue analizada por Svenja Blanke en un artículo publicado en noviembre de 2026 por la revista Nueva Sociedad, titulado «América Latina, laboratorio de las ciudades privadas». La autora sostiene que la región se está convirtiendo en un espacio de experimentación para nuevos modelos de gobierno privado que ponen en discusión los fundamentos de la democracia y la soberanía territorial.

 

Próspera, Veritas Villages, CryptoCity, Praxis y Xcity son algunos de los nombres de este fenómeno.

 

Próspera: una ciudad que quiere funcionar con sus propias reglas

 

Uno de los casos más conocidos es Próspera, un proyecto ubicado en la isla de Roatán, en Honduras, administrado por la empresa estadounidense Honduras Próspera Inc.

 

La iniciativa nació bajo el régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobado por Honduras en 2017. Su objetivo es atraer inversiones internacionales mediante un esquema de autonomía regulatoria, tributaria y administrativa.

 

El modelo contempla amplias facultades para establecer normas propias, un sistema judicial, tribunales y mecanismos de seguridad. También ofrece condiciones tributarias especiales para empresas y residentes.

 

Según los datos citados por Blanke, alrededor de 1.700 personas habían obtenido residencia en Próspera. El acceso contempla un pago único de 5.000 dólares, mientras que las empresas pueden operar con una tasa del 1% sobre sus ingresos brutos.

 

La propuesta generó un conflicto de fondo con el Estado hondureño. En 2022, el gobierno de Xiomara Castro impulsó la derogación del régimen de las ZEDE, al considerar que afectaba la soberanía nacional. En 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucional la legislación que sustentaba ese modelo.

 

La empresa respondió con una demanda internacional contra Honduras por 10.700 millones de dólares, aunque posteriormente el reclamo fue reducido.

 

El conflicto expone el núcleo de la discusión: ¿hasta dónde puede llegar la autonomía de una inversión privada cuando pretende establecer reglas diferentes a las del Estado que ejerce soberanía sobre ese territorio?

 

Próspera no es formalmente un país independiente, pero representa uno de los intentos más avanzados de trasladar funciones tradicionalmente estatales a una estructura de gestión privada.

 

Cryptocity: el experimento privado en Venezuela

 

En la isla venezolana de Margarita se desarrolla CryptoCity, otra iniciativa que busca atraer empresarios internacionales, inversores y emprendedores vinculados al mundo de las criptomonedas.

 

Impulsado por un empresario alemán, el proyecto comenzó a promocionarse en 2023 y se encuentra en fase de construcción.

 

Su propuesta contempla una administración descentralizada, autónoma y digital. Los propietarios de terrenos pueden participar en las decisiones y las inversiones de la comunidad.

 

La pertenencia y la participación están, por lo tanto, estrechamente vinculadas a la propiedad.

 

El discurso de sus promotores también revela una motivación política: construir un espacio alternativo para quienes consideran que sus países de origen tienen demasiados impuestos, regulaciones e interferencias estatales.

 

CryptoCity se presenta como una comunidad empresarial con aspiraciones de autonomía, aunque no constituye una ciudad soberana ni está fuera de la jurisdicción venezolana.

 

Veritas Villages: una red de enclaves privados

 

Otro modelo es Veritas Villages, una red de comunidades privadas que busca expandirse por distintos países de América Central y América Latina.

 

Sus proyectos tienen presencia en Nicaragua, Panamá y Costa Rica, con planes de expansión hacia otros mercados, entre ellos Argentina, Honduras, México y Ecuador.

 

A diferencia de Próspera, no plantea necesariamente sustituir las estructuras administrativas de los Estados nacionales. Su propuesta se concentra en alcanzar mayores niveles de autogestión en cuestiones como el suministro de energía, agua y servicios financieros.

 

La iniciativa se presenta como una alternativa para personas que buscan comunidades con mayor autonomía práctica y menor dependencia de las estructuras tradicionales.

 

El denominador común es la búsqueda de espacios donde la organización de la vida económica y determinados servicios colectivos dependan de acuerdos y estructuras privadas.

 

Uruguay y Argentina: los nuevos proyectos

 

El fenómeno también comienza a proyectarse sobre el Río de la Plata.

 

En Uruguay, Praxis busca desarrollar una especie de nación digital, cuyo objetivo no se limita a crear un espacio para empresas tecnológicas, sino que apunta a experimentar con nuevas formas de organización social y política.

 

El 22 de septiembre de 2026 anunció la instalación de su primera sede física dentro del desarrollo urbano +Colonia, ubicado cerca de Colonia del Sacramento.

 

Sin embargo, existe una diferencia entre la aspiración de construir una ciudad autogobernada y las posibilidades que ofrece la legislación uruguaya. El proyecto todavía debe demostrar hasta dónde puede avanzar en materia de autonomía sin quedar sujeto a las instituciones y normas del Estado.

 

Argentina también aparece en este mapa con Xcity, una iniciativa que proyecta construir una ciudad basada en inteligencia artificial en el noroeste del país.

 

El proyecto contempla un esquema de residencia asociado a inversiones de 80.000 dólares, sin un requisito estricto de permanencia física. Además, según una investigación citada por Blanke, sus impulsores buscan obtener del gobierno argentino determinadas atribuciones de autogestión.

 

Por el momento, Xcity es una inversión privada en etapa de desarrollo. Su evolución dependerá de las condiciones regulatorias y de la posibilidad de concretar las atribuciones especiales que pretende obtener.

 

En ambos casos, la promesa de autonomía convive con una realidad institucional: los proyectos siguen dependiendo de las decisiones y autorizaciones de los Estados nacionales.

 

El negocio de vivir fuera de las reglas

 

Detrás de estas iniciativas aparece una corriente de pensamiento que cuestiona el funcionamiento del Estado moderno, la presión tributaria y la intervención pública en la economía.

 

Sus impulsores consideran que las estructuras estatales tradicionales son demasiado burocráticas y limitan la innovación, la inversión y el desarrollo empresarial.

 

La respuesta que proponen es crear espacios donde las reglas puedan diseñarse de acuerdo con las necesidades de quienes invierten y participan de esas comunidades.

 

El atractivo para los empresarios es evidente: menores impuestos, regulaciones más flexibles, seguridad jurídica diseñada para sus actividades y mayor capacidad de decisión sobre el entorno en el que desarrollan sus negocios.

 

Pero la discusión adquiere otra dimensión cuando esas iniciativas comienzan a reclamar atribuciones que exceden la administración privada de servicios y se acercan al ejercicio del poder político.

 

¿Quién establece las leyes? ¿Quién administra justicia? ¿Quién controla a los administradores? ¿Qué derechos tienen los trabajadores y habitantes que no forman parte de la comunidad de propietarios?

 

Son preguntas que ponen en tensión la promesa de libertad con los principios de igualdad política y representación democrática.

 

(Con información de NUSO.ORG.PY)

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