La intendenta Soledad Núñez anunció acciones judiciales y administrativas para recuperar propiedades municipales que terminaron en poder del Grupo Vázquez.
La investigación interna, iniciada el 4 de noviembre, ya comprende 26 propiedades. Según los primeros resultados presentados por la Intendencia, existen indicios de irregularidades en los procedimientos de adjudicación y posterior transferencia de inmuebles municipales.
«Se constituyó un esquema montado para adjudicarse los terrenos de la Municipalidad de manera irregular, con muchos cómplices», afirmó Núñez durante una conferencia de prensa.
El mecanismo bajo investigación
El asesor principal de la Intendencia, Stephan Rasmussen, explicó cómo habría operado el presunto esquema.
El procedimiento comenzaba con notificaciones a los ocupantes de terrenos municipales por supuestas deudas de arrendamiento. En algunos casos, se les exigía abandonar los inmuebles en un plazo de apenas 24 horas.
Posteriormente aparecían nuevos solicitantes que iniciaban los trámites para obtener la adjudicación de esas propiedades.
Los expedientes pasaban por distintas dependencias municipales, incluyendo Catastro, Asuntos Jurídicos, Secretaría General, la Intendencia y la Junta Municipal. Sin embargo, según la investigación, se habrían omitido controles fundamentales para verificar la identidad de los beneficiarios y la ocupación efectiva de los terrenos.
Otro elemento llamativo es que en algunas escrituras se habría omitido consignar la restricción legal que impedía vender o transferir los inmuebles durante los cinco años posteriores a su adjudicación.
Esa omisión habría facilitado posteriores transferencias a terceros.
26 propiedades y una escribana bajo investigación
La secretaria general de la Municipalidad, Estefanía Careaga, informó que son 26 las propiedades actualmente investigadas. De ellas, tres ya fueron identificadas como objeto de transferencias presuntamente irregulares.
Esos tres inmuebles corresponden al caso conocido como La Piedad, sobre los cuales la Municipalidad promoverá una demanda de nulidad para intentar recuperar el patrimonio público.
La investigación también detectó que en la mayoría de los trámites de transferencia examinados aparece la intervención de una misma escribana, María Teresa Aponte. La Municipalidad solicitó informes para esclarecer su participación.
De la investigación interna a la Justicia
La administración de Núñez anunció tres líneas de acción.
Primero, promoverá acciones judiciales para recuperar los inmuebles cuya adjudicación y transferencia presenten irregularidades.
Segundo, solicitará la intervención de la Contraloría General de la República para realizar una auditoría integral de los procedimientos.
Finalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público para que investigue las eventuales responsabilidades penales de funcionarios y particulares.
También se instruirán sumarios administrativos para determinar la responsabilidad de los funcionarios municipales cuya participación en las irregularidades pueda ser acreditada.
La investigación recién comienza y podría extenderse a nuevas propiedades y operaciones.
El patrimonio municipal en disputa
El caso plantea interrogantes que van más allá de las tres propiedades que inicialmente serán objeto de acciones judiciales: ¿quiénes facilitaron las adjudicaciones?, ¿qué controles fueron omitidos?, ¿quiénes se beneficiaron de las transferencias y qué responsabilidades corresponden a los funcionarios que intervinieron?
La Municipalidad asegura que continuará revisando los expedientes hasta esclarecer las operaciones y recuperar los terrenos que hayan sido transferidos en contravención de la ley.
El desafío será convertir los anuncios en resultados judiciales concretos y determinar cómo propiedades pertenecientes a los asuncenos pudieron terminar en manos privadas mediante procedimientos que hoy están bajo sospecha.





