La caída de Santiago Peña fue mucho más que el desenlace de una crisis financiera. Expuso las disputas de poder dentro del Partido Colorado, confirmó la influencia de Horacio Cartes, dejó cuestionamientos sobre las garantías del juicio político y abrió una nueva etapa bajo la presidencia de Pedro Alliana. La destitución, seguida de una detención casi inmediata, dejó una imagen difícil de ignorar: en Paraguay, el poder puede cambiar de manos en cuestión de minutos, pero las preguntas sobre quién lo ejerce realmente siguen vigentes.
La jornada que terminó con la presidencia de Santiago Peña dejó varias imágenes para la historia política paraguaya: 44 senadores votando su destitución, una Fiscalía que activó rápidamente su detención apenas perdió los fueros, y Pedro Alliana jurando como nuevo presidente en medio de una crisis que amenaza con extenderse mucho más allá del episodio de Ueno Bank.
Pero detrás de esa sucesión vertiginosa hay una disputa política de mayor alcance.
Cartes volvió a demostrar quién manda
La caída de Peña confirmó que Horacio Cartes continúa siendo el principal factor de poder dentro del Partido Colorado. El ahora expresidente había llegado al Palacio de López con su respaldo, pero nunca consiguió construir una autonomía política equivalente a la autoridad institucional de su cargo.
La crisis terminó convirtiéndose en el escenario de una revancha. La ruptura entre Peña y su principal conductor político, las diferencias internas y el intento de construir un espacio propio confluyeron en una operación que terminó con su destitución.
El juicio fue la puesta en escena de una venganza política que Cartes había anticipado en aquel video de la detonación que hoy quiere significado de advertencia cumplida contra los “traidores”.
De presidente a detenido en cuestión de minutos
Uno de los episodios más llamativos fue la velocidad con la que actuó la Fiscalía. Apenas consumada la destitución, Santiago Peña quedó detenido en el marco de la investigación vinculada a Ueno Bank.
La escena dejó una pregunta inevitable: ¿por qué el Ministerio Público no mostró esa misma celeridad durante los días anteriores, cuando se acumulaban las denuncias y los cuestionamientos sobre la crisis financiera?
La detención no supone una condena ni demuestra responsabilidad penal. Eso deberá determinarse en la Justicia. Pero el contraste entre la demora previa y la rapidez posterior alimentó las sospechas sobre la oportunidad de la actuación fiscal.
La imagen fue contundente: mientras Peña conservó la Presidencia, la investigación parecía avanzar con cautela. Cuando perdió el cargo, la respuesta llegó casi inmediatamente.
Un juicio con unanimidad, pero bajo cuestionamiento
La destitución fue contundente en términos parlamentarios, pero no consiguió despejar las dudas sobre la calidad del procedimiento.
Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda cuestionaron la falta de pruebas suficientes, la consistencia del libelo acusatorio y las garantías otorgadas para ejercer la defensa.
La controversia adquirió mayor dimensión cuando la senadora opositora Celeste Amarilla elogió las exposiciones de ambos abogados y afirmó que habían hecho «picadillo el libelo», aunque mantuvo sus cuestionamientos sobre los vínculos de Peña con Ueno Bank.
La distinción es importante: una cosa es la responsabilidad política y otra la demostración de responsabilidades concretas. La unanimidad parlamentaria resolvió la continuidad del presidente, pero no convirtió automáticamente en sólidos todos los argumentos de la acusación.
Alliana asumió con preocupación y bajo la sombra de Cartes
El discurso de asunción de Pedro Alliana dejó entrever nerviosismo y preocupación. No era para menos: asumía una Presidencia que no había llegado por una transición ordinaria, sino por la destitución de su compañero de fórmula, en medio de una crisis financiera y política.
Sus referencias a los ahorristas, la necesidad de recuperar la confianza y la situación económica mostraron la dimensión del problema que heredaba. Pero también quedó flotando una pregunta: ¿cuánto margen tendrá para ejercer un gobierno propio?
Alliana deberá demostrar que puede construir autoridad presidencial y no limitarse a administrar una nueva etapa bajo la conducción de Horacio Cartes.
La sucesión no resuelve el problema de fondo: la convivencia entre la autoridad institucional del presidente y el poder real del conductor de Honor Colorado.
Una crisis que deja más preguntas que respuestas
La caída de Peña expuso las debilidades de un gobierno, las contradicciones de su partido y las limitaciones de una oposición que todavía no consigue construir una alternativa consistente.
Cartes reafirmó su poder. Peña terminó atrapado por la crisis de Ueno y por una disputa interna que no pudo resolver. La Fiscalía deberá demostrar que su actuación responde a criterios jurídicos y no a los cambios de poder. Alliana, por su parte, tendrá que probar que puede gobernar con autonomía que se anticipa imposible.
Y queda una cuestión institucional: las mayorías parlamentarias pueden decidir la suerte de un presidente, pero deben hacerlo respetando las garantías constitucionales.
El juicio político terminó. La crisis, en cambio, continúa.
Paraguay cambió de presidente en cuestión de minutos. Lo que todavía está por verse es si cambió algo en la forma en que se ejerce el poder.
