En la isla de Roatán, frente a las costas del Caribe hondureño, se desarrolla uno de los experimentos institucionales más controversiales de América Latina: Próspera, una “ciudad-empresa” concebida bajo el modelo de las llamadas charter cities. Su propuesta rompe con la idea tradicional de ciudad sometida a la autoridad estatal y plantea, en cambio, un enclave con reglas propias, fuerte autonomía normativa y una lógica de funcionamiento cercana a la de una plataforma de inversión global.
El proyecto, impulsado desde 2017 por capitales privados internacionales y formalizado dentro del régimen hondureño de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), propone un entorno de ultra flexibilidad regulatoria. Allí, la carga impositiva puede reducirse a niveles cercanos al 1% de los ingresos empresariales, mientras que los conflictos legales no se resuelven en tribunales nacionales, sino mediante sistemas de arbitraje privado. En la práctica, esto implica la creación de un orden jurídico paralelo dentro del territorio hondureño.
Uno de los rasgos más distintivos del modelo es su ambición de operar como una “ciudad startup”, diseñada para atraer empresas tecnológicas, proyectos vinculados a criptomonedas, biotecnología y nuevas industrias digitales. En este esquema, la residencia, la inversión y la actividad económica se organizan bajo criterios de mercado, con mínima intervención estatal. Incluso la gobernanza urbana se concibe como un servicio administrado por operadores privados.
El atractivo para los inversores radica en la posibilidad de construir un entorno normativo “a medida”. Próspera ha llegado a plantear la adopción selectiva de marcos legales internacionales y la creación de sistemas propios de regulación. En paralelo, los promotores del proyecto defienden que este modelo permitiría acelerar el desarrollo económico en regiones con debilidad institucional.
Sin embargo, la experiencia ha estado marcada por una fuerte controversia política y jurídica en Honduras. Tras el cambio de gobierno en 2022, el Estado declaró inconstitucionales las ZEDE, lo que abrió una disputa con los inversores, que respondieron con demandas internacionales por miles de millones de dólares. Desde entonces, el futuro del proyecto se mantiene en un limbo legal.
Más allá del conflicto institucional, el caso Próspera pone en discusión un fenómeno más amplio: la creciente fragmentación de la soberanía estatal en favor de enclaves económicos privados. En este modelo, la ciudad deja de ser un espacio de ciudadanía para convertirse en una plataforma de servicios, donde el territorio funciona como activo financiero y la regulación como variable negociable.
En el terreno, sin embargo, la materialización del proyecto es aún limitada. Aunque se proyectaban decenas de miles de habitantes y grandes inversiones en infraestructura, el desarrollo urbano efectivo sigue siendo incipiente, con pocos edificios construidos y una fuerte dependencia de expectativas de inversión futura.
Así, Próspera se presenta menos como una ciudad consolidada que como un experimento en curso: un intento de redefinir las reglas del urbanismo contemporáneo, en el que la frontera entre Estado, empresa y territorio se vuelve cada vez más difusa.
