Una comunidad indígena de la Amazonía brasileña presentó una demanda por difamación contra The New York Times, al que acusa de haberlos retratado de forma estigmatizante en un reportaje sobre su primer contacto con internet (Starlink). Según los demandantes —miembros del pueblo Marubo, del valle del Javari—, el artículo dio pie a interpretaciones que los mostraban como incapaces de gestionar la tecnología y los asociaban injustamente con una supuesta adicción a la pornografía.
La nota original abordaba la llegada de internet satelital a esta región remota de Brasil, un cambio que transformó de manera abrupta la vida cotidiana de la comunidad. Al principio, la conectividad fue recibida con entusiasmo: permitió realizar videollamadas con familiares lejanos, pedir ayuda médica en emergencias, acceder a información básica y mejorar la comunicación entre aldeas dispersas en la selva.
Sin embargo, con el paso de las semanas también surgieron tensiones internas. Algunos líderes indígenas relataron que varios jóvenes comenzaron a pasar largas horas frente a los teléfonos móviles, descuidando actividades tradicionales como la caza, la pesca y las labores comunitarias. La exposición repentina a redes sociales, videojuegos y contenidos sexuales —inexistentes hasta entonces en su entorno cultural— generó preocupación entre los ancianos, especialmente porque chocaba con normas tradicionales muy estrictas sobre la sexualidad y el comportamiento público.
Ante estos cambios, la propia comunidad decidió imponer límites: el uso de internet quedó restringido a determinados horarios del día y bajo supervisión, en un intento por equilibrar los beneficios de la tecnología con la preservación de su identidad cultural.
Los Marubo sostienen que, pese a estas medidas y a la complejidad del proceso vivido, el enfoque mediático terminó siendo sensacionalista. Afirman que otros medios amplificaron una narrativa de “adicción” que dañó su reputación y los expuso a burlas y prejuicios a nivel internacional. El diario estadounidense rechaza las acusaciones y asegura que su cobertura fue matizada; tras la polémica, publicó un texto de seguimiento aclarando que la tribu no se volvió “adicta al porno”, sino que terceros distorsionaron el reportaje original.
La demanda reclama una indemnización millonaria por los daños causados a la imagen, la dignidad y el bienestar social de la comunidad indígena.
