La abogada y exministra de Justicia Cecilia Pérez cuestionó la estrategia del Gobierno frente a la lucha contra los grupos criminales y advirtió que, si se confirma la versión oficial de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) estuvo detrás del ataque registrado en Naranjito, en alianza con otra organización criminal, el hecho expondría un fracaso de la política de seguridad.
A través de una serie de publicaciones, Pérez sostuvo que la eventual participación del EPP en el ataque demostraría que el grupo no se debilitó durante la actual administración, sino que, por el contrario, habría logrado reestructurarse, ampliar su radio de acción y establecer alianzas con otros grupos criminales.
“Si el Gobierno tiene razón y el EPP atacó Naranjito aliado con otro grupo criminal, la conclusión es durísima: bajo esta gestión, el EPP no se debilitó. Se reestructuró, amplió su radio de acción y sumó aliados. Eso es un fracaso de la estrategia, no un detalle”, señaló.
La exministra también cuestionó el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada originalmente para combatir al EPP. Según Pérez, la fuerza fue extendida hacia Canindeyú para hacer frente a otros fenómenos criminales, pero sin un fortalecimiento real de sus capacidades.
“Se mezcló su misión original con el crimen organizado, sin ningún proceso serio de rediseño. Más frentes, misma fuerza: cada vez más débil en cada uno”, afirmó.
Críticas a las versiones oficiales
Otro de los cuestionamientos de Pérez apunta a las distintas versiones difundidas desde el Gobierno sobre la autoría del ataque en Naranjito. La exministra señaló que el Ministerio del Interior y el Comando de Defensa Interna (CODI) habrían manejado versiones contradictorias respecto a quién estuvo detrás del hecho.
Según su análisis, esa diferencia terminó resolviéndose mediante un relato oficial que permite compatibilizar ambas posiciones, algo que consideró especialmente grave teniendo en cuenta que el ataque dejó tres personas fallecidas.
“Priorizar la coherencia del discurso sobre la claridad de los hechos, con tres muertos, es gravísimo”, sostuvo.
Pérez también puso el foco en la responsabilidad política que implica el funcionamiento de la FTC. Recordó que la fuerza responde, en última instancia, al presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
“La FTC depende, en última instancia, del Presidente como comandante en jefe. No hay un ministro que absorba esa responsabilidad como con la Policía”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la discusión sobre la autoría del ataque y la respuesta oficial no debería centrarse únicamente en la construcción de un relato político o comunicacional, sino en determinar con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las fallas que permitieron el ataque.
1/ Si el gobierno tiene razón y el EPP atacó Naranjito aliado con otro grupo criminal, la conclusión es durísima: bajo esta gestión, el EPP no se debilitó. Se reestructuró, amplió su radio de acción y sumó aliados. Eso es un fracaso de la estrategia, no un detalle 🧵
— Cecilia Perez Rivas (@cperezrivas) July 24, 2026
“No se resuelve con un parche comunicacional”
Finalmente, la exministra sostuvo que el caso Naranjito no puede ser abordado únicamente como una crisis de comunicación del Gobierno.
“Naranjito no se resuelve con un parche comunicacional para apagar el incendio de esta semana. Se resuelve con una investigación seria y una estrategia rediseñada”, afirmó.
Para Pérez, cualquier respuesta que no contemple una revisión profunda de la estrategia de seguridad corre el riesgo de convertirse nuevamente en una gestión del relato por encima de la solución del problema.
Sus cuestionamientos abren así un debate sobre la capacidad de la actual estructura de seguridad para enfrentar simultáneamente la amenaza del EPP y la expansión del crimen organizado en el norte del país, así como sobre la necesidad de revisar el diseño y los objetivos de la FTC.
