La preocupación volvió a instalarse en el distrito de Paso Yobái, en el departamento de Guairá, luego de que pobladores denunciaran que varios arroyos de la zona presentaban una llamativa coloración rojiza. Ante la alerta, funcionarios del Ministerio Público se constituyeron en el lugar acompañados por agentes de la Policía Nacional para verificar la situación y recolectar muestras de agua que permitan determinar el origen del fenómeno.
La intervención se realizó tras reportes de vecinos que observaron cambios visibles en el arroyo Gasory, lo que generó inquietud en la comunidad. La fiscala ambiental Jadiyi Ortiz, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, explicó que las muestras serán sometidas a análisis laboratoriales para establecer si la coloración responde a un vertido contaminante o a algún otro factor natural.
Durante la verificación, los intervinientes detectaron que otro cauce cercano, en las inmediaciones de la colonia Sudetia, presentaba un tono similar. Ante esta situación, el Ministerio Público decidió abrir tres causas de investigación con el objetivo de identificar posibles responsables y determinar qué actividades podrían estar afectando los cursos de agua.
El episodio reavivó las sospechas de los pobladores, quienes apuntan nuevamente a la actividad minera en la zona. Paso Yobái es conocida por la explotación de oro, una actividad que en los últimos años ha estado rodeada de denuncias por presuntos impactos ambientales.
Investigaciones periodísticas publicadas con anterioridad ya habían advertido sobre la presencia de metales pesados en arroyos de la región. En uno de esos estudios se detectaron niveles de mercurio que superaban ampliamente los parámetros permitidos, lo que fue considerado por especialistas como un indicador de contaminación significativa.
Consultado sobre la situación, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, señaló que el control ambiental de la actividad minera corresponde al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
“Toda la minería se hace con licencia ambiental previa, cuando detectamos un delito, lo denunciamos. Pero insisto; desde la prospección a la explotación se debe contar con licencia ambiental previa, y si hay un delito, la Fiscalía debe actuar”, afirmó.
La situación ha generado tensiones entre distintos sectores productivos. Mientras agricultores y vecinos sostienen que la minería está afectando el agua y el suelo, asociaciones de mineros aseguran que las explotaciones formales cumplen con las normativas ambientales vigentes.
Mientras se aguardan los resultados de laboratorio que podrían esclarecer el origen de la coloración del agua, el Ministerio Público continuará con las diligencias. En la comunidad, la preocupación persiste, ya que los arroyos forman parte de la vida cotidiana de los pobladores y su posible contaminación representa un riesgo ambiental y sanitario.
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