La abogada y exministra, lanzó una durísima advertencia a Pedro Alliana por la ratificación de Rodrigo Nicora al frente del Ministerio de Justicia. La exministra denunció que las cárceles están bajo el control de estructuras criminales, alertó sobre las amenazas contra jueces, fiscales y funcionarios que enfrentan al narcotráfico y responsabilizó directamente al presidente por las consecuencias de su decisión.
“La ratificación de Rodrigo Nicora al frente del Ministerio de Justicia es una afrenta a la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, y pone en riesgo la vida de quienes, desde distintas instituciones del Estado, enfrentamos a esas estructuras”.
Así comienza la carta abierta que Cecilia Pérez Rivas, exministra de Justicia y exviceministra de Política Criminal, dirigió este domingo al presidente de la República, Pedro Alliana. El documento contiene una de las advertencias más duras sobre la situación penitenciaria y los riesgos que enfrentan los operadores de justicia en Paraguay.
Pérez apunta directamente a la gestión de Nicora y utiliza el caso de la cárcel Martín Mendoza de Emboscada como prueba del fracaso del sistema de control penitenciario.
“La cárcel Martín Mendoza de Emboscada, presentada como de máxima seguridad, funcionó como un condominio cerrado para quienes debía custodiar”, afirma.
En su enumeración de hechos menciona las fugas con sábanas y frazadas, la detención del director del penal y del jefe de Inteligencia Penitenciaria, además de los audios sobre sobornos para impedir traslados de internos.
La conclusión es todavía más contundente: “Bajo la tutela de ese Ministerio se armó, dentro del penal, una verdadera junta del narcotráfico”.
La exministra también cuestiona que Nicora haya contado durante casi tres años con nuevos centros penitenciarios, presupuesto, cientos de agentes y respaldo de las principales autoridades del Gobierno, mientras sostenía públicamente el relato de un «nuevo modelo de gestión penitenciaria».
“Eso tiene un nombre: negligencia, sostenida en el tiempo y encubierta con propaganda”, sentencia.
NOS VAN A MATAR A TODOS https://t.co/WVYKIoEVba
— Cecilia Perez Rivas (@cperezrivas) November 8, 2026
Ueno Bank y los vínculos con el poder
La carta incorpora otro elemento de enorme sensibilidad política: el caso Ueno Bank y las relaciones del Grupo Vázquez con figuras del poder.
Pérez recuerda que entre los accionistas de Credicentro, la financiera de la que surgió Ueno, figuraban Santiago Peña y Víctor Galeano Perrone. También menciona la amistad de toda la vida que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, reconoció públicamente con Galeano Perrone.
La advertencia se concentra en una situación que considera especialmente delicada: la Fiscalía debe investigar a los socios de Credicentro mientras el Ministerio de Justicia tiene bajo su custodia a integrantes del directorio de Ueno Bank.
“Después de Emboscada, nadie puede dar por garantizado que esa custodia será imparcial y sin privilegios”, advierte.
“Las órdenes salen de las cárceles”
El punto más grave de la denuncia aparece cuando Pérez habla de las amenazas que reciben quienes participaron en las investigaciones contra las organizaciones criminales.
Menciona a jueces y fiscales del caso A Ultranza Py, agentes y a la exministra de la SENAD, funcionarios que intervinieron en los operativos y trabajadores del Ministerio de Justicia.
“Las amenazas no son una hipótesis”, remarca.
Y agrega una frase que constituye el núcleo de su advertencia al Gobierno: «Las órdenes salen de las cárceles, y las cárceles están en manos de quien usted acaba de ratificar».
Como antecedente, recuerda el asesinato del coronel Guillermo Moral, ocurrido frente a la Facultad de Derecho el 2 de octubre de 2025. Moral había declarado contra personas que intentaron sobornarlo y se desempeñó como jefe del reclusorio de Viñas Cue, donde estaban detenidos importantes integrantes de la estructura investigada en A Ultranza Py.
“No tenía custodia. El Estado no lo protegió”, señala.
Alliana, advertido y responsable
El tramo final de la carta abandona cualquier tono protocolar. Cecilia Pérez le habla directamente a Alliana y le advierte que la responsabilidad política e institucional por lo que pueda ocurrir también recaerá sobre él.
“Si alguna de las amenazas se cumple, o si en medio de esta conmoción se intenta disfrazar como otra cosa un ataque contra cualquiera de los amenazados, incluidos aquellos cuyos casos todavía no se conocen, la responsabilidad no será solamente de Rodrigo Nicora”.
Y completa: “Será suya, señor Presidente, porque fue advertido y la decisión estuvo en sus manos”.
La exministra exige que se revoque la ratificación de Nicora, que se designe a una persona sin vínculos con el entorno del Grupo Vázquez ni con la gestión que condujo al colapso penitenciario y que se evalúe de inmediato la protección de los operadores de justicia y funcionarios amenazados.
Su despedida es también una advertencia pública sobre la gravedad de la situación:
“La memoria del coronel Moral y de todos los que murieron por enfrentar a estas organizaciones, que operan con logística internacional, exige una respuesta concreta. Los que seguimos vivos necesitamos protección, no otra promesa”.
Y cierra con un reclamo que interpela directamente al nuevo presidente de la República:
“SEÑOR PRESIDENTE: NO PERMITA QUE NOS MATEN A TODOS”.
