La defensa del presidente cuestionó la solidez jurídica del libelo acusatorio, denunció restricciones al derecho a la defensa y advirtió sobre posibles violaciones del debido proceso. El abogado Ricardo Preda sostuvo que la acusación no identifica actos concretos de Santiago Peña ni presenta pruebas que justifiquen su destitución.
El juicio político contra Santiago Peña avanzó este viernes en el Senado, pero la defensa del mandatario puso el foco en las debilidades que, a su criterio, comprometen la validez del procedimiento: un libelo acusatorio sin evidencias concretas, fundamentos jurídicos cuestionados y plazos insuficientes para preparar el descargo.
“Una acusación que pretende remover a un jefe de Estado necesita pruebas y este libelo no trae ninguna”, afirmó el abogado Ricardo Preda durante su intervención ante el Senado. Calificó el documento como un “estrepitoso fracaso” tanto en el plano jurídico como en el fáctico.
El cuestionamiento central apunta a que la acusación no individualiza decisiones, actos o expedientes firmados por Peña que demuestren una intervención personal en favor de ueno bank. Según Preda, tampoco identifica qué normas habría infringido el mandatario ni qué beneficio indebido habría obtenido.
Recortes periodísticos en lugar de pruebas
Preda cuestionó que el libelo se apoye en publicaciones periodísticas, versiones e indicios que, según su interpretación, no alcanzan para fundamentar una decisión de semejante gravedad institucional.
“No se puede bajar a un presidente con recortes de medios”, sostuvo el abogado, quien también cuestionó la atribución al mandatario de actuaciones que corresponden a organismos autónomos, como el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto de Previsión Social (IPS).
En el caso de Ueno Bank, la defensa señaló que la conversión de la financiera en banco fue una decisión del directorio del BCP, no del presidente de la República. También objetó que la acusación construya un conflicto de intereses a partir de una participación accionaria en un holding, que —según expuso— fue declarada ante la Contraloría y posteriormente vendida.
La defensa no negó la existencia de una crisis financiera ni la necesidad de dar respuestas a los ahorristas y jubilados afectados. Su argumento fue otro: la gravedad de la crisis no reemplaza la obligación de demostrar la responsabilidad concreta que se atribuye al presidente.
El derecho a la defensa, en el centro de la controversia
Otro de los cuestionamientos se refiere al tiempo concedido para preparar el descargo. Preda afirmó que el documento acusatorio llegó a manos de Peña a las 22:00 del jueves y sostuvo que la defensa no dispuso de un plazo razonable para estudiar sus fundamentos, reunir antecedentes y preparar una respuesta.
El Senado rechazó por 39 votos la solicitud de una prórroga de 72 horas presentada por el mandatario. La mayoría resolvió continuar el procedimiento conforme a los plazos fijados durante la sesión anterior.
Para los abogados de Peña, esa decisión se suma a otras irregularidades que podrían comprometer las garantías procesales. Adolfo Ferreiro advirtió que el juicio podría ser nulo y anunció que la defensa dejaba planteadas sus reservas legales, incluso ante instancias internacionales de derechos humanos.
Guillermo Ferreiro, por su parte, cuestionó la continuidad del procedimiento después de la renuncia presentada por Peña y alertó sobre las consecuencias que podría tener una eventual impugnación internacional.
Los votos no resuelven el debate jurídico
El desarrollo del juicio dejó expuesta una tensión entre la mayoría política dispuesta a avanzar con la destitución y las objeciones de la defensa sobre la suficiencia de la acusación y las condiciones en que se ejerce el derecho a responderla.
La discusión no se limita a determinar si existe responsabilidad política por la crisis de Ueno Bank. También plantea una cuestión institucional: si el libelo identifica conductas concretas, explica qué normas se habrían infringido y aporta elementos que permitan sostener las acusaciones contra el jefe de Estado.
Las críticas de la defensa no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de invalidez del juicio ni demuestran que todas las acusaciones sean falsas. Pero ponen sobre la mesa un problema que trasciende el destino político de Peña: la legitimidad de un procedimiento de destitución depende también de la calidad de sus fundamentos y del respeto a las garantías de defensa.
En un proceso que puede terminar con la salida de un presidente elegido por el voto popular, la mayoría parlamentaria puede definir el resultado político. La controversia es si el procedimiento y la acusación ofrecen fundamentos suficientes para sostener esa decisión.
